Ya está abierta la convocatoria de la 5a edición del Premio Antonio Delgado

 

El Instituto de Derecho de Autor (Instituto Autor) y el Observatorio Iberoamericano de Derecho de Autor (ODAI) convocan la 5ª edición del Premio Antonio Delgado (PAD) sobre estudios de investigación en torno al derecho de autor y a los derechos conexos; los cuales deberán de ser abordados desde una perspectiva internacional, siempre que la materia lo permita. Se admitirán también estudios de derecho comparado. La convocatoria está abierta hasta el próximo 10 de enero de 2018. Los trabajos han de remitirse antes de esa fecha por correo electrónico a la cuenta pad@institutoautor.org, con copia a fforero@cerlalc.org.

El premio tiene una dotación económica de 3.000 euros para el estudio ganador y un accésit dotado con 1.500 euros para el estudio finalista. Además, el estudio ganador será publicado por el Instituto Autor.

El jurado del premio estará compuesto por tres juristas de reconocido prestigio, que tendrán en cuenta como criterios de valoración la originalidad y altura creativa, la actualidad o la aplicación práctica del tema, entre otros. El fallo del Jurado será comunicado, tanto en la web del Instituto Autor como del ODAI, el 16 de febrero de 2018.

Consulta las bases de la Convocatoria aquí 

 

Instant Rights, la nueva herramienta para comprar derechos en la web

 

IPR License, el primer mercado online de licencias y derechos transaccionales en la industria editorial, ha lanzado este mes Instant Rights, un programa que permite que los vendedores de derechos puedan colocar botones en cualquier lugar de la web. Instant Rights lleva a los compradores a través de un procesos simple y automatizado para adquirir derechos de uso y traducción.

IPR License es una plataforma en línea, fundada en 2012, dedicada en la que los titulares de derechos de publicación puedan completar acuerdos de licencias nacionales e internacionales en la web. En mayo de 2015, la Feria del Libro de Frankfurt hizo una inversión significativa en la licencia de DPI, y en abril de 2016 adquirió el control de la compañía, con el Centro de Liquidación de Derechos de Autor (CCC) manteniendo su participación minoritaria.

IPR License tiene 500 miembros listando sus derechos en línea, y una gran base de suscriptores internacionales de compradores de derechos. Los compradores de derechos pueden buscar, ofrecer, negociar y completar ofertas para todo el libro y derechos de revistas, licencias y permisos. Los vendedores de derechos pueden aumentar las ventas de su frente y backlist, de forma sencilla, rápida y rentable. IPR License está desarrollando constantemente su tecnología para asegurar que ofrece una solución de derechos completa para apoyar a la industria y para ayudar a generar nuevos negocios de licencias para sus miembros.
Instant Rights,  es la última adición a la IPR License nace como una herramienta para complementar el ecosistema de la plataforma. Los usuarios pueden, facilmente, integrar los botones de “Comprar Derechos” en su webside y otros listados de derechos en línea. Los botones de Instant Rights también se pueden personalizar para mediar las variables de la compra de derechos (idioma, formato, etc).

Los autores europeos le plantan cara a las grandes plataformas de contenidos

 

Por: Natalia Tovar Patarroyo

En Europa los autores se han unido para reivindicar sus derechos. Hacen un llamado a los gobiernos y plataformas digitales para que se reconozca apropiadamente su trabajo en la creación de los contenidos culturales que circulan en internet.

En el marco de las discusiones sobre el Mercado Único Digital en Bruselas, más de 70 músicos, artistas y escritores, de la mano de las entidades de gestión colectiva, denunciaron que no reciben una remuneración justa de plataformas como YouTube, que se lucran al rentabilizar publicitariamente sus obras. Por ello pidieron a los gobiernos adoptar medidas como parte de las estrategias que buscan adecuar la legislación europea a las nuevas dinámicas comerciales.

Andrus Ansip, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable del Mercado Único Digital, afirmó que la situación actual de los autores no es buena y respaldó su posición. Reconoció que existe una disparidad preocupante entre los esquemas de retribución de las compañías del sector. Al respecto señaló que “Hay plataformas con 142 millones de suscriptores que pagan 2.000 millones al año a los creadores y otras con 1.000 millones de suscriptores que solo contribuyen con 600 millones” refiriéndose a Spotify y YouTube sin mencionarlas.

La industria de la música ha sido una de las más enfáticas en manifestarse contra las actuales políticas de remuneración de los proveedores de servicios bajo demanda, reprochando particularmente las acciones de YouTube. Señalan que es inaceptable la gran asimetría existente entre los beneficios efectivamente transferidos al sector que crea los contenidos y los ingresos recibidos por este tipo de plataformas, que no ofrecen directamente la música y se lucran de los archivos puestos a disposición por terceros.

Tal disparidad en el pago estaría basada, en parte, en el abuso de las normas de puertos seguros. En virtud de tales disposiciones las empresas que fungen como simples intermediarios se eximen de responsabilidad por las infracciones de propiedad intelectual en que incurran sus usuarios. Además solo deben eliminar los materiales ilegales una vez reciben una notificación que les alerte de tal situación, la cual generalmente proviene de las discográficas o las sociedades de gestión colectiva.

En virtud de estos puertos seguros YouTube puede seguir funcionando sin pagar licencias a los titulares de derechos ya que le bastaría con rentabilizar únicamente los materiales compartidos por sus usuarios, sean estos legales o no. En concreto, podría ofrecer la música de Adele subida por sus fans sin necesidad de contar con la autorización previa de la cantante o realizar pagos por tal concepto.

Como tales licencias no son indispensables, la compañía negocia con precios artificialmente bajos en comparación con los de Spotify, Deezer o iTunes, que siempre se ven obligados a suscribir estos contratos para prestar sus servicios, dado que ofrecen directamente la música y no se pueden amparar en las citadas normas.

La solución propuesta por el sector conlleva la diferenciación entre las empresas que se limitan a proveer el servicio técnico y operativo de intermediación sin que efectivamente ejerzan un control sobre la información que almacenan o transmiten, y las páginas que a pesar de no ofrecer directamente los contenidos, sí juegan un papel activo en su manejo. Éstas últimas, cuentan con estructuras de optimización como las recomendaciones basadas en las reproducciones previas que permiten mejorar la experiencia del usuario y garantizan un aumento en el flujo de ingresos por publicidad.

Entonces, los puertos seguros deberían aplicar solo a los intermediarios que se inscriben en la primera clasificación, como WordPress o los servicios de correo electrónico, excluyendo expresamente modelos como el de YouTube o SoundCloud que no tendrían una función puramente técnica en la intermediación. Para la industria, tal cambio permitiría crear condiciones más justas en el mercado tanto para los artistas como para las plataformas de suscripción.

La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) asegura que la oferta digital de contenidos representa a la vez una gran oportunidad y un enorme desafío en el que los gobiernos deben intervenir. En su último informe sobre el estado de la industria, señala que en el 2016 la participación de los servicios de streaming creció en un 60,4% a nivel mundial mientras los ingresos por descargas y ventas físicas disminuyeron en 20,5% y 7,6% respectivamente, confirmado que las modificaciones en las dinámicas actuales de negociación son apremiantes.

 

Curso sobre Tráfico Ilícito de Bienes Culturales en Buenos Aires

 

El martes 6 de junio tuvo comenzó la segunda edición del Curso sobre Protección del Patrimonio Cultural, organizado conjuntamente por el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de la Policía Federal de Argentina, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Cultura de la Nación, Interpol y Oficina regional de la Unesco en Montevideo.

El taller (del 6 al 9 de junio) se lleva a cabo en la sede de la Policía Federal Argentina (Ciudad autónoma de Buenos Aires) y culminará en el Observatorio UNESCO Villa Ocampo (Beccar).

UNESCO brinda apoyo técnico en este taller, con el fin de fortalecer las redes de cooperación entre policías especializadas, capacitar acerca de los instrumentos internacionales destinados a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales (principalmente la Convención UNESCO 1970). Se propone también generar conciencia y apropiación de la problemática, considerando que no es un problema de otros sino de todos.

Esta instancia constituye un espacio de intercambio de conocimiento y capacitación destinado a las fuerzas policiales de Argentina y de otros países de la región, en temas vinculados al tráfico ilícito de bienes culturales.

Los países de América Latina están dando cada vez mayor importancia a este fenómeno que ha pasado de ser local a ser uno que actualmente opera a escala internacional.

Países como Argentina cuentan con una policía especializada en Patrimonio de alto nivel. Por su parte, Uruguay ha creado recientemente el Comité Nacional de Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, y Paraguay se encuentra en vías de conformación de su comité de lucha contra el tráfico ilícito.

Durante su presentación en la apertura del taller, la Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, señaló que “en la protección de bienes culturales es muy importante la información y el registro para prevenir el tráfico ilícito”.
Tanto la Ministra como Nestor Roncaglia, Jefe de la Policía Federal Argentina expresaron su apoyo a la campaña “#UnidosXElPatrimonio” en el marco de la actividad.

Participaron en esta segunda edición miembros del la Aduana Argentina, Prefectura Naval Argentina, Poder Judiacial y cuerpo policial de varios países de la región. En total, cerca de 120 participantes asistieron al taller, de los cuales el 40% fueron mujeres, reafirmando de esta forma su compromiso en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

Ir a galería de fotos del taller.

Creadores peruanos podrán registrar sus obras en menos tiempo y de manera virtual

 

Con el fin de agilizar y modernizar los trámites ante el Indecopi, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el nuevo Reglamento del Registro Nacional de Derecho de Autor, que incluye un sistema virtual de registro de derecho de autor y derechos conexos y permitirá a los usuarios ingresar su solicitud por internet las 24 horas del día.

El nuevo reglamento unifica, simplifica y racionaliza los requisitos a solicitar a los ciudadanos, pues se enmarca en las normas de simplificación y racionalización de los procedimientos administrativos que promueve el Indecopi.

Por ejemplo, la norma mejora el sistema de notificaciones pues se realizará a través de una casilla electrónica. Por ello se solicitará a interesado un correo electrónico para reducir los plazos y costos de envío de documentos.

Cabe recordar que este reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 053-2017-PCM, se implementa en el marco de la Ley de Simplificación aprobada por el gobierno, que unifica y racionaliza los requisitos solicitados a los ciudadanos, definiendo los alcances y límites de la función registral de los encargados del procedimiento. Asimismo, perfecciona las disposiciones orientadas a favorecer a los ciudadanos para que inscriban sus obras intelectuales, artísticas, técnicas y científicas.

Con esta norma, se espera que las inscripciones de propiedad intelectual se incrementen durante el presente año. El nuevo reglamento puede descargarse aquí.

El Indecopi cuenta con una plataforma de asesoría gratuita y especializada en derecho de autor a disposición de autores, artistas, intérpretes y a los empresarios vinculados a las industrias creativas.  Este servicio, a cargo de expertos de la Dirección de Derecho de Autor (DDA), ofrece asesoría directa, permitiendo a los interesados obtener información completa y especializada.

Empresas españolas tendrán que pagar más de 450.000 euros por usar software de diseño sin licencia

 

Más de 450.000 euros tendrán que pagar dos empresas en España por utilizar, sin licencia, un software de diseño. Las empresas, que se dedican a la fabricación de piezas y productos de plástico, trataron de destruir las copias ilegales del programa durante la investigación.

Según un comunicado de BSA The Software Alliance esta es una de las sanciones más altas impuestas en España por este tipo de infracción de derechos de propiedad intelectual. Basándose en la Ley de Propiedad Intelectual de dicho país, el juzgado impuso el pago de una indemnización de 453.480 euros correspondientes a el valor de los programas de diseño. Si a esto se le suman intereses y costos judiciales las empresas deben pagar más de medio millón de euros.

Según una encuesta global realizada por International Data Corporation, IDC, para The Software Alliance, cuatro de cada diez programas de software utilizados por  empresas españolas no cuentan con licencia de uso del fabricante.

El congreso colombiano aprueba la “Ley Pepe Sánchez”

 

Por: Natalia Tovar Patarroyo

 Los autores de obras cinematográficas celebraron la aprobación de la “Ley Pepe Sánchez” que reconoce un derecho de remuneración a su favor por la comunicación al público de sus creaciones.

En Colombia como en muchos otros países se presume que, salvo estipulación en contrario, los derechos económicos sobre las obras cinematográficas están en cabeza del productor. Los directores, guionistas, músicos y dibujantes que intervienen en la creación de estas obras no siempre tienen la capacidad de negociación necesaria para pactar en contra de tal presunción por lo que en la práctica es habitual que cedan todos los derechos patrimoniales a favor del productor.

El propósito de la Ley, nombrada en homenaje a un importante actor, director y guionista colombiano, es garantizar que dichos autores obtengan regalías por las comunicaciones al público de estos contenidos aun cuando hayan transferido sus derechos.

Como se trata de un derecho de mera remuneración, los creadores tendrán la potestad de exigir un pago a quien realice la comunicación pero no la de oponerse a la normal explotación de la obra; así, los guionistas no podrían rechazar, por ejemplo, la distribución de una película en ciertas condiciones específicas.

Para recaudar y distribuir gran parte de estos derechos, se creó DASC (Directores Audiovisuales, Sociedad Colombiana de Gestión) que impulsó, de la mano de los autores y de la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales (REDES), la aprobación de esta iniciativa. La Sociedad podrá iniciar actividades una vez la Dirección Nacional de Derecho de Autor le reconozca personería y autorice su funcionamiento.

La representante a la cámara Clara Rojas, quien presentó el proyecto ante el congreso, señaló que por la comunicación de estas obras “se estima que Colombia podría recaudar anualmente en el mundo unos 15 millones de euros anuales”.

En octubre del año pasado, Chile aprobó una norma similar, la Ley Ricardo Larrain, que reconoce el derecho irrenunciable a percibir remuneración por la comunicación pública, puesta a disposición, arrendamiento y utilización directa con fines de lucro de las obras audiovisuales, pero solo beneficia a los directores y guionistas.

¿Qué tienen en común el dominio público y el país de Nunca Jamás?

 

Por: Natalia Tovar Patarroyo

En el Reino Unido la protección de los derechos de autor sobre las obras de Peter Pan se asemeja a la niñez de este peculiar personaje, es perpetua.

El escocés James Matthew Barrie dio vida a Peter Pan por primera vez en El pajarito blanco, una novela de ficción y fantasía que no estaba dirigida al público infantil. Tras la gran popularidad del personaje, Barrie estrenó la obra Peter Pan o el niño que no quería crecer y el libro Peter Pan y Wendy en 1904 y 1928 respectivamente.

En 1929, el escritor donó todos los derechos sobre las dos obras infantiles al Great Ormon Street Hospital (GOSH), un hospital para niños ubicado en Londres. Desde entonces las regalías recibidas por el hospital han jugado un papel importante en su financiación

El Primer Ministro James Callaghan impulsó un proyecto para que ciertos derechos económicos sobre las obras donadas por J.M. Barrie se extendieran ilimitadamente en el tiempo. Su idea se materializó mediante la inclusión de un artículo en la Ley de Derecho de autor, diseños y patentes de 1988 que contemplaba tal prerrogativa.

La disposición solo aplica en el Reino Unido y le concede al GOSH la potestad de cobrar regalías por las ejecuciones públicas, radiodifusiones, publicaciones comerciales o inclusiones en programas de cable de los trabajos donados o sus adaptaciones. Cabe destacar que la ley no incluye la facultad de autorizar o denegar el uso de las obras.

El caso representa una curiosa excepción a la regla en derecho de autor según la cual todos los derechos patrimoniales tienen un término de protección limitado. En virtud de esta restricción temporal, las creaciones protegidas por el derecho de autor entran en algún momento al dominio público para que puedan ser usadas por cualquier persona, sin autorización o pago alguno.

En busca del equilibrio

La limitación temporal antes descrita es el resultado del balance entre la necesidad de incentivar la creación, remunerar a los autores por el tiempo y esfuerzo invertido en sus trabajos y el imperativo de garantizar el acceso al conocimiento, la cultura y educación.

El término que garantiza tal equilibrio ha sido un punto muy polémico, hoy todavía subsiste el debate. El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, ratificado por 173 países, establece un plazo mínimo: la vida del autor y 50 años, con algunas excepciones para las obras fotográficas y de arte aplicado.

Muchos países han implementado un término mayor en razón a sus contextos socioeconómicos particulares.

México modificó en 2003 la Ley Federal de Derecho de Autor para aumentar el término de protección de 75 a 100 años, el más largo en el mundo. La reforma buscaba proteger el “Catálogo de Oro” de la música mexicana que estaba a punto de pasar al dominio público. Según los promotores del proyecto, esta situación afectaría no solamente a quienes ostentan derechos sobre esas obras, sino a los titulares de las nuevas composiciones, pues en la industria se preferiría explotar las canciones en el dominio público para no pagar regalías, restando apoyo a los nacientes talentos artísticos y creativos.

En contra de este tipo de iniciativas hay argumentos de toda clase. Se señala por ejemplo que los verdaderos beneficiarios son las grandes disqueras o productoras y no los autores, toda vez que aquellas ingresan la mayor parte de las regalías mientras los descendientes de los creadores reciben escasos beneficios. La reforma a la Ley de derecho de autor de 1998 en Estados Unidos, por medio de la cual se aumentó el término de protección ilustra perfectamente esta idea, dado que fue impulsada por Disney para garantizar, entre otras, la protección del célebre y lucrativo Mickey Mouse.

Es innegable el poder de ciertos grupos económicos para la elaboración de las normas en prácticamente todas las materias, incluyendo el derecho de autor. Pero tal situación no puede ser el punto principal entrono al cual giren las discusiones sobre una cuestión tan importante como la determinación de las condiciones que permitan generar y acceder al conocimiento, las artes y la cultura.

Empoderar a los autores, quienes son la piedra angular de este sistema, es el primer paso. No se puede dar un debate sin su participación y la de todos los sectores involucrados; el verdadero obstáculo a superar es el monopolio que las grandes empresas ejercen sobre estas decisiones.

Con el fin de disminuir los plazos actuales también se advierte que los autores ostentan el control de sus trabajos por más tiempo del que son explotados comercialmente[1], entonces, no tendría sentido mantener las obras en el dominio privado cuando ya no se obtienen beneficios económicos de ellas.

Este argumento desconoce que las obras son valoradas o tienen éxito bajo circunstancias cambiantes e imprevisibles. Cuando Picasso pintó Las Señoritas de Avignon en 1907 no había forma de advertir que tendría que esperar hasta que el Museo de Arte de Nueva York comprara el cuadro en 1939, para tener reconocimiento mundial y convertirse en el referente de todo un movimiento: El Cubismo.

La Unión Europea tuvo en cuenta esas situaciones fortuitas cuando amplió el plazo de protección a 70 años[2] con el fin de compensar, entre otros, los efectos de las guerras mundiales que impidieron a muchos autores y sus herederos la comercialización de sus trabajos.

La mayoría de tesis que se plantean en oposición a los términos actuales y abogan por su disminución o abolición, desechan las realidades particulares existentes en cada comunidad y la necesidad de alcanzar un punto de equilibrio que las reconozca. Limitar los derechos de los autores hasta hacerlos prácticamente inexistentes es tan perjudicial como darles un valor absoluto que implique la negación absoluta de las prerrogativas de terceros. El tema tiene tantas aristas que incluso una figura fundamental como el dominio público puede ser restringida sin mayor objeción en casos como el del GOSH, por su justificación generosa y loable.

[1] James Boyle, en “The public domain, Enclosing the commons of the mind” (2008) señala que pasados 28 años desde de su publicación, el 85% de las obras ya no son explotadas comercialmente.

[2] Directiva 2006/116/CE del Parlamento europeo y del Consejo

Paraguay presenta su Plan de Política Nacional de Propiedad Intelectual 2030

 

La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual de Paraguay presentó este lunes el Plan de Política Nacional de Propiedad Intelectual 2030, en presencia del Dr. Francis Gurry, Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), quien visita Paraguay en apoyo a la gestión de la Directora Nacional de DINAPI,  Patricia Stanley.

El documento apunta al fortalecimiento del sistema de Propiedad Intelectual como herramienta para la lucha inteligente contra la pobreza, propiciando así el desarrollo económico, social y cultural del Paraguay.

Durante la presentación del Plan, la Directora Nacional, Patricia Stanley, reafirmó que la Propiedad Intelectual posibilita el desarrollo de los pueblos a través de la innovación en la ciencia y en las artes. Ya que las artes son el alma de un pueblo y que reflejan el sentir y la forma de expresarse de la gente.

“Tener un Plan es definir un camino o una forma de lograr un objetivo, por ello es tan importante contar con un referente a la Propiedad Intelectual, sobre todo en los tiempos que nos toca vivir”, expresó la Dra. Stanley.

El Plan Nacional de Propiedad Intelectual se desarrolla en el marco del Programa de Cooperación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo de las Naciones Unidas, foro mundial que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de Propiedad Intelectual; en Paraguay, a través de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI).

Fue concebido en tres etapas bien definidas de diagnóstico, validación y propuesta; el objetivo del proceso fue presentar el Plan que colabore con el logro de los propósitos que el Paraguay se ha planteado para el año 2030 en su Plan Nacional de Desarrollo.

La elaboración de un diagnóstico de la situación actual, que sirve de antecedente a las propuestas aquí planteadas fue posible gracias a la colaboración activa de DINAPI y numerosas instituciones y representantes del sector público y privado; organizaciones y actores del sector productivo, empresarial, académico, gremial y de servicios, que pusieron a disposición sus experiencias sobre la realidad de la propiedad intelectual en Paraguay.

Esta herramienta de política pública aspira a ser un elemento trascendental para el desarrollo del país, que dinamice el escenario de la Propiedad Intelectual, estimule la innovación y aumente la competitividad.

Contar con un Plan Nacional de Propiedad Intelectual implicará tener un instrumento eficaz de política pública de alcance nacional y abarcadora de todos los sectores que en distintas medidas se relacionan con la vocación de ser un elemento concreto para la consecución de objetivos impostergables.

Además, “ser un país competitivo, ubicado entre los más eficientes productores de alimentos a nivel mundial, con industrias pujantes e innovadoras, que empleen fuerza laboral capacitada, proveedor de productos y servicios con tecnología; con índices de desarrollo social en el rango más alto de Sudamérica; con elevado índices de seguridad jurídica y ciudadana; con un Estado democrático, transparente, y que promueva la igualdad de oportunidades a través de una amplia alianza entre un gobierno abierto, empresas privadas socialmente responsables, y una sociedad civil activa”.

Es importante resaltar que la Constitución Nacional dispone en su artículo 177 que los planes nacionales de desarrollo son indicativos para el sector privado y de cumplimiento obligatorio para el Sector Público, por lo que todos los esfuerzos de ambos sectores deberán estar alineados al cumplimiento de los objetivos trazados en tan importante documento.

En relación a la observancia de los derechos se resaltan los resultados de incautación de mercaderías falsificadas durante el año 2016 que asciende a la suma de veintisiete millones de dólares, sin embargo la coordinación de las tareas es realizada de manera empírica sin responder a una planificación.

Ejes estratégicos 

Conciencia Social de la Propiedad Intelectual como instrumento de Desarrollo; la concienciación en la sociedad sobre la PI como herramienta para el desarrollo debe instalarse en los mismos generadores y creadores de PI.

Uso de la Propiedad Intelectual como herramienta de competitividad; en el marco del desarrollo de habilidades para operar en la economía globalizada del tercer milenio, se exige de Paraguay competitividad en materia de innovación y desarrollo.

Acceso al conocimiento y transferencia de tecnología; se pone énfasis en el procesamiento de la información disponible, y en la internacionalización de los activos intangibles nacionales.

Impulsar Estrategias en materia de PI en temas de interés para el desarrollo Nacional; tener claros los objetivos a los que el Paraguay aspira de aquí al año 2030 constituirá el desafío a la hora de asumir compromisos internacionales.

Optimizar el nivel de cumplimiento de las leyes de Propiedad Intelectual; el principal propósito de este eje es impulsar mecanismos de coordinación contra la transgresión de los derechos.

Aprobada ley colombiana que busca fomentar industrias creativas

 

Por: Natalia Tovar Patarroyo

El 27 de abril se aprobó en el congreso colombiano, la Ley “Por medio de la cual se fomenta la economía creativa, Ley Naranja” presentada por el senador Iván Duque con la que  se pretende establecer un marco general para incentivar y proteger las industrias creativas, esto es, todas las actividades que generan valor en virtud de la propiedad intelectual.

Ésta aplica conceptos del libro publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo “Economía naranja, una oportunidad infinita” escrito por citado senador y Felipe Buitrago, quienes se apoyan en una serie de datos y estudios para estimular el debate en América Latina y el Caribe sobre la contribución de la creatividad como un elemento integral del desarrollo económico y social.

La Ley sienta las bases para implementar una política pública en Colombia que reconozca la importancia del sector en la economía, la producción de conocimiento y el desarrollo cultural. Es un primer acercamiento para pasar del debate a la acción y pone en la agenda la necesidad de impulsar herramientas efectivas para apoyar a los creadores.

Dentro de las disposiciones contempladas en la iniciativa se incluye la promoción de las disciplinas culturales y creativas en los colegios, de la mano del  Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y los Ministerios de Educación y de Cultura. Esta es una de las mejores estrategias para luchar contra el desconocimiento general sobre las industrias creativas; las personas producen y usan cientos de obras sin percatarse de su valor, por lo que sensibilizar a los niños sobre estas materias no sería un avance menor.

Como parte de las estrategias de gestión política se incorporó un elemento denominado “inclusión” que invita a fortalecer los espacios de circulación independiente en un plano de igualdad.

Con este fin se impulsarán la televisión y radio pública y comunitaria, las librerías, espacios de circulación de música en vivo y artes escénicas y en general todos los mecanismos que beneficien el consumo de contenidos locales y nacionales. Si bien no se detalla la forma en que se brindará tal apoyo, el reconocimiento del compromiso que el Estado tiene con la industria independiente es un paso en la dirección correcta.

La norma también señala que los entes territoriales –departamentos y municipios- podrían acceder a líneas de crédito para la construcción de infraestructura como museos, teatros o centros culturales que contribuya al fortalecimiento del sector. Los nuevos escenarios se requieren con urgencia.

Bogotá, por ejemplo, la ciudad que mas eventos culturas acoge al año, no cuenta con los suficientes espacios propicios y las iniciativas para su construcción se han truncado o retrasado por diversas razones;  la ejecución del proyecto nueva Cinemateca – Centro Cultural de las Artes Fílmicas estuvo en entre dicho por un tiempo y fue necesaria la presión de la ciudadanía para que el Distrito se pronunciara sobre su construcción. La situación en otros municipios es mucho más preocupante; faltan teatros, bibliotecas; los centros culturales son pocos y están desfinanciados.

Asimismo, la Cuenta Satélite de Cultura del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se amplía para ser la Cuenta Satélite De Cultura y Economía Naranja. Ya no solo realizaría una valoración económica de los productos y las actividades relacionadas con el campo cultural, sino que también se incluirán las mediciones correspondientes en las industrias creativas. Estos datos serían útiles para evaluar el impacto de las políticas en el sector y optimizar la toma de decisiones públicas y privadas.

La propuesta para otorgar zonas francas temporales en desarrollo de actividades como festivales y carnavales no tuvo éxito en el último debate. En cambio, se optó por otorgar incentivos que faciliten el tránsito internacional de personas y mercancías, las agremiaciones dentro del sector y la adecuada administración de las sociedades de gestión colectiva, entre otras. En este punto tampoco se concretan las medidas que tales incentivos contemplan.

Todas estas iniciativas podrían quedarse en el papel y no pasar a la práctica. Hay buenas ideas, pero no claridad sobre la forma en que se llevarán a cabo ya que la Ley no establece mecanismos de acción. Le corresponde al gobierno, a través de decretos, implementar todas las disposiciones contempladas en la norma y debido a que el congreso no señaló un límite temporal –como lo ha hecho en otras leyes- para que se desarrollen estas políticas, el proceso podría llevar más tiempo del esperado.

Por otro lado, los lineamientos planteados son tan generales que la efectividad  de la iniciativa estará condicionada en gran medida a la voluntad política del ejecutivo. Entonces surge la pregunta habitual, ¿habrá un aumento real en el flujo de recursos para el sector? Los últimos Planes Nacionales de Desarrollo han resaltado la importancia de los temas culturales y creativos pero el Presupuesto General de la Nación para el 2016 redujo el monto de las partidas en estas materias, el Ministerio de Cultura por ejemplo, vio disminuido su presupuesto en un 14,2 %

Sin ir más lejos,  se esperaría el establecimiento de un plan para que las librerías, como uno de los actores imprescindibles para fomentar la circulación de  obras independientes, contaran con apoyos o estímulos económicos que fortalecieran su labor.

La falta de inversión es solo una de las señales de que el país todavía no tiene una política pública efectiva, no hay justificación alguna para seguir dilatando su consolidación. Es tarea de todos participar y estar al tanto del proceso.