El congreso colombiano aprueba la “Ley Pepe Sánchez”

 

Por: Natalia Tovar Patarroyo

 Los autores de obras cinematográficas celebraron la aprobación de la “Ley Pepe Sánchez” que reconoce un derecho de remuneración a su favor por la comunicación al público de sus creaciones.

En Colombia como en muchos otros países se presume que, salvo estipulación en contrario, los derechos económicos sobre las obras cinematográficas están en cabeza del productor. Los directores, guionistas, músicos y dibujantes que intervienen en la creación de estas obras no siempre tienen la capacidad de negociación necesaria para pactar en contra de tal presunción por lo que en la práctica es habitual que cedan todos los derechos patrimoniales a favor del productor.

El propósito de la Ley, nombrada en homenaje a un importante actor, director y guionista colombiano, es garantizar que dichos autores obtengan regalías por las comunicaciones al público de estos contenidos aun cuando hayan transferido sus derechos.

Como se trata de un derecho de mera remuneración, los creadores tendrán la potestad de exigir un pago a quien realice la comunicación pero no la de oponerse a la normal explotación de la obra; así, los guionistas no podrían rechazar, por ejemplo, la distribución de una película en ciertas condiciones específicas.

Para recaudar y distribuir gran parte de estos derechos, se creó DASC (Directores Audiovisuales, Sociedad Colombiana de Gestión) que impulsó, de la mano de los autores y de la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales (REDES), la aprobación de esta iniciativa. La Sociedad podrá iniciar actividades una vez la Dirección Nacional de Derecho de Autor le reconozca personería y autorice su funcionamiento.

La representante a la cámara Clara Rojas, quien presentó el proyecto ante el congreso, señaló que por la comunicación de estas obras “se estima que Colombia podría recaudar anualmente en el mundo unos 15 millones de euros anuales”.

En octubre del año pasado, Chile aprobó una norma similar, la Ley Ricardo Larrain, que reconoce el derecho irrenunciable a percibir remuneración por la comunicación pública, puesta a disposición, arrendamiento y utilización directa con fines de lucro de las obras audiovisuales, pero solo beneficia a los directores y guionistas.

Paraguay presenta el primer Plan de Propiedad Intelectual

 

 

por: Angie Lorena García Góngora

La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) presentó el pasado 8 de mayo el “Plan de Política Nacional de Propiedad Intelectual 2030” al cual asistió El director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Francis Gurry.

Este plan busca dinamizar y fortalecer el panorama de la Propiedad Intelectual, utilizándola como herramienta para reducir la pobreza. La idea es consolidar la Propiedad Intelectual en Paraguay a través de la lucha contra la piratería por medio del registro de marcas, patentes y derechos de autor.

Gurry hizo énfasis en el gran potencial que tiene Paraguay para desarrollar los derechos de Propiedad Intelectual.”Existen muchas oportunidades en este hermoso país… Hay que aprovechar la población joven para la existencia de una industria del arte y el videojuego”, afirmó el Director General.

También manifestó su intención de fortalecer los lazos de cooperación entre la OMPI y Paraguay con motivo del fortalecimiento de la Propiedad Intelectual en Paraguay.

La directora del DINAPI , Patricia Stanley, informó que en los próximos meses se prevé inaugurar un aula tecnológica para el sector terciario, con el fin de seguir optimizando el cumplimiento de las leyes de propiedad intelectual y de esta manera la misma pueda ser utilizada como elemento de desarrollo para el Paraguay.

Hasta el momento sólo se conocen públicamente los objetivos mencionados del Plan de Propiedad Intelectual, sin embargo se espera que cuente con mecanismos adecuados para la materializar dichos objetivos.

Conozca la posición del Ministerio de Cultura de Colombia sobre la Ley de la Economía Naranja

 

Para el Ministerio de Cultura de Colombia la Ley de desarrollo y fomento a las industrias creativas y culturales es una iniciativa positiva ya que incluye gran parte de las apuestas que se vienen adelantando desde esta Cartera y por parte de otras entidades gubernamentales, a partir del año 2010, cuando se llevó a cabo la formulación del Conpes 3659, POLÍTICA NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES EN COLOMBIA.

El Ministerio no participó en la redacción inicial del articulado de la Ley que se impulsó en el Congreso de la República,  pero esta Entidad buscó la participación en el debate y convocó a otros ministerios, en especial a  MinComercio, para que de manera conjunta, se concertara con el equipo del ponente del proyecto de Ley,  importantes aspectos basados en la política pública de industrias culturales y creativas elaborada e implementada en los últimos 7 años por el Ministerio de Cultura, así como para que se tuvieran en cuenta las diversas investigaciones que se han venido realizando del sector.  Además, MinCultura hizo precisiones sobre distintas instancias del Gobierno Nacional y sus alcances, para que el proyecto de Ley se pudiese implementar y reglamentar.

Aunque esto pareciera redundante, establecer un marco de Ley para una política pública que ya está consolidada en el país, es una oportunidad para fortalecerla y perfeccionar sus alcances.

Así es como la Ley obliga y formaliza la creación de instancias e iniciativas que ya están en marcha, como por ejemplo, la Cuenta Satélite de Cultura (que es un mecanismo de medición de la economía de la cultura) que existe desde el año 2002, como un trabajo conjunto entre Mincultura y el Dane y su primera publicación data del año 2009.

También resaltamos que la Ley acoge la propuesta de MinCultura para fortaler espacios de circulación de bienes y servicios culturales nacionales e independientes, como son las salas alternas de cine, librerías independientes, salas de conciertos y espectáculos en vivo, espacios de circulación de arte contemporáneo y diseño, emisoras comunitarias, entre otros.

Asimismo, se logró incluir aquellas fuentes de financiación para la cultura que ha venido desarrollando MinCultura desde 2011, con Bancoldex, a través de la Línea de Crédito Blando para Industrias Culturales, y que ha permitido entregar un cupo de más de $4.000 millones en créditos al sector. También, una iniciativa que se viene desarrollando con el programa de Cubrimiento de Garantías para las industrias culturales, del Fondo Nacional de Garantías y que ha facilitado el acceso a garantías crediticias a distintos agentes del sector con una cifra cercana a los $4.000 millones. De otra parte, concertamos la inclusión de un artículo que abre la posibilidad de buscar fuentes alternativas de financiación para cerrar brechas que aún existen en el entorno del comercio digital, eslabón estratégico de todos los creadores y las industrias culturales y creativas, como el ‘crowdfunding’.

En otro aspecto, a través de las políticas públicas en materia cultural, como la Ley de Cine de 2003 y 2012, la Política de Emprendimiento e Industrias Culturales (2009) y la Ley de Espectáculos Públicos (2011), entre otras, las industrias culturales y creativas del país, es decir, aquellas cuyo insumo base es la propiedad intelectual, se encuentran en buen momento. Así lo demostrará el primer informe cuatrienal sobre las políticas que protegen y promueven la diversidad de las expresiones culturales en el país, que el Ministerio entregará ante la Unesco y que los colombianos podrán conocer el próximo 17 de mayo, fecha en la que se presentará oficialmente en la sede de la Cancillería de la República.

En el 2013, Colombia se unió a la Convención sobre la Protección de la Diversidad de las Expresiones culturales de la Unesco, una iniciativa internacional que pretende que las naciones protejan y fomenten la diversidad cultural y creativa de sus territorios.

 

Preguntas y respuestas sobre la política en Economía Naranja

 

¿La nueva Ley de economía naranja vulnera los derechos culturales de los artistas y las comunidades?

No, los mismos derechos que han tenido quienes trabajan en el sector cultural van a seguir existiendo, lo que se hace es un compromiso del Estado para perpetuar y fortalecer los estímulos que ya existen, e incorporar la participación de otras instituciones diferentes al Ministerio de Cultura y empresas privadas.

 

¿El sector cultural tendrá que industrializarse?

El artista no va a estar obligado a hacer parte de la Ley, ni a industrializarse, ni a reorganizarse en términos administrativos y económicos. Lo que se busca es que el entorno cultural del país y el ecosistema de las industrias creativas se fortalezcan, desde el más pequeño grupo cultural sin ánimo de lucro hasta el gran empresario. Por otro lado, el Ministerio va a seguir trabajando en los mecanismos de apoyo que ofrece al sector en sus líneas de fomento, creación, financiación, articulación, circulación y a través de las diferentes convocatorias públicas.

 

¿Cómo la Ley fortalece las políticas públicas con las que ya cuenta el sector?

Hasta ahora las medidas de fortalecimiento del sector estaban impulsadas por un Gobierno y un Ministerio, con el riesgo de perder continuidad con los cambios de administración. Lo que permite la Ley, es que este fortalecimiento sea de largo plazo y, que independientemente de quién esté a la cabeza de las carteras o del Gobierno Nacional, sin duda va a haber una apuesta y un apoyo que generará crecimiento en el sector.

 

¿Qué sectores de la cultura protegerá esta Ley?

Todos. Lo interesante de la Ley es que cualquier producción que sea el resultado de una manifestación de la creatividad y del derecho de autor está incluida.El insumo base de las Industrias Culturales está protegido por el derecho de propiedad intelectual. No sólo las artes escénicas, audiovisuales y musicales están concernidas, también incluye al diseño, el software, la creación publicitaria, y sus derivados.

 

¿Cuál fue el proceso de socialización con el Sector Cultural antes de que fuera aprobada la Ley Naranja?

Nosotros no participamos en la redacción inicial de la Ley, ni conocemos si hay socializaciones con el sector cultura. Tampoco hemos recibido ningún comentario oficial por parte del sector. El proyecto de Ley fue radicado por los proponentes en octubre de 2015 y el Ministerio de Cultura, viendo el impacto y las posibilidades que esta Ley generaría para fortalecer las políticas públicas para el sector, quiso involucrarse en el debate y empezó a participar con propuestas para los ponentes. Resaltamos que esta Ley es el producto de un proceso democrático y como tal tendrá que ser socializada durante su reglamentación.

 

¿Por qué es importante el sector creativo en Colombia?

Porque es un sector que genera riqueza, empleo y posibilidades de desarrollo mediante mecanismos de producción que son, por lo general, sostenibles. El empleo que produce es de calidad, y requiere principalmente de la creatividad y la imaginación de las personas que trabajan allí. Adicionalmente, genera bienestar no sólo en términos económicos sino también sociales; aporta a la identidad del país, a la diversidad de expresiones nacionales y al crecimiento y desarrollo económico.

 

¿Quién y cómo organizará la Cuenta Satélite de cultura, que medirá todos los sectores en cuanto a su impacto social?

Es muy importante aclarar que la cuenta Satélite de Cultura existe desde 2001, y publica resultados desde el 2009. La Cuenta Satélite ha perfeccionado su metodología para ser más integral, y es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura y el Dane, para evaluar el impacto de la economía de la cultura a nivel macro. Aunque parezca una redundancia, el hecho de que quede incluida en la Ley garantiza su continuidad y la perpetua en el tiempo.

 

¿Cuál es el porcentaje de empleabilidad en este sector?

Hoy, gracias a las políticas implementadas desde el Ministerio de Cultura, el sector creativo y cultural tiene cerca de199.698 puestos de trabajo. La intención de la Ley es que este número crezca con el tiempo.

 

¿Esta Ley ayudará a abrir oportunidades para incrementar el presupuesto invertido en el sector?

Sí, a pesar de que no está implícito en ella, lo que se infiere de su contenido es que, dependiendo de su reglamentación, se generan procesos de coordinación entre las diferentes instituciones, incluyendo varios ministerios que trabajan con el sector cultural como el MinTIC, el MinComercio o el MinInterior y seguramente va a haber otras carteras que estarán llamadas a apoyar el sector.

 

¿Desde el punto de vista educación, cómo ayudará a mejorar currículos y oportunidades?

En Colombia existe cierta desconexión entre el mercado laboral y la oferta académica. Lo que esperamos que pase con la nueva Ley es que al incrementar la dinámica de producción del sector, habrá más demanda por esos roles, y los centros académicos van a empezar a  trabajar sobre eso. Como por ejemplo, el SAE Institut que ha llegado a Colombia a trabajar el tema y que demuestra que el sector cultural ha venido creciendo en el país.

 

Para una persona que se especialice en alguno de los sectores ¿qué posibilidades hay de mejorar sus ingresos y oportunidades de trabajo con esta Ley?

Tendrán más acceso a fuentes de financiación. Aunque que el Ministerio de Cultura lleva mejorando el acceso a fuentes de financiamiento como los créditos blandos de Bancoldex y del Fondo Nacional de Garantías desde el 2011, lo que permite la Ley es que estas líneas sigan existiendo. Abre además la posibilidad para que nuevas formas de capital semilla se implementen en el país, en especial las dirigidas a los emprendimientos que están en etapas más tempranas de desarrollo. Así también, abre la posibilidad de perfeccionar mecanismos alternativos de financiamiento como por ejemplo, el ‘crowdfunding’.

 

¿Ya hay una norma que dé vía libre para acceder a financiación en línea o crowdfunding?

No hay una norma exacta que lo incluya textualmente. Pero ahora que se van a promover nuevos mecanismos de financiación alternativos, hay posibilidades de reglamentarlo.

 

¿Esta Ley cómo otorgará los beneficios económicos a los espectáculos internacionales que lleguen al país?

La ley no define beneficios económicos para espectaculos extranjeros. Los beneficios son exclusivos para el contenido nacional que se haga en el país, en línea con los compromisos internacionales adquiridos, por ejemplo, con la Unesco mediante la ‘Convención  sobre la protección de la Diversidad de Expresiones Culturales’  que, entre otras cosas, pretende incentivar la producción cultural de cada territorio.

 

¿En qué consiste esa convención?

La Unesco, preocupada por una creciente hegemonía de los contenidos culturales, principalmente  de Estados Unidos y Europa,  que amenazaban la existencia a largo plazo del contenido de otros países en vía de desarrollo, creó la ‘Convención  sobre la protección de la Diversidad de Expresiones Culturales’,en 2005, con el propósito de que cada territorio firmante protegiera sus expresiones culturales y las estimulara frente a las extranjeras. Quienes se suscriben a la Convención, deben presentara un informa de avances en este sector cada 4 años. Colombia firmó esta convención en el 2013 y nuestra prioridad hoy son los contenidos nacionales.

 

Quienes no se ven como empresas que generen recursos importantes, ¿se verán afectados por esta Ley? ¿Sólo se beneficiarán los grandes productores? ¿Sólo se tendrán en cuenta a quienes tengan mayor capacidad de inversión?

No, todo lo contrario, los beneficios que se han venido prestando desde el Ministerio de Cultura, y que ahora se fortalecen con esta Ley están enfocados al crecimiento del ecosistema cultural general, que incluye los agentes, medianos, pequeños e incluso aquellos de no mercado o entidades sin ánimo de lucro que trabajan para fortalecer dinámicas culturales o patrimoniales. Como muchos de los recursos invertidos son de capital semilla y de emprendimiento, los beneficiarios son las iniciativas pequeñas y medianas.

 

¿Esta será una Ley de apertura económica que afecte a las entidades artísticas nacionales?

No, lo que hace la Ley es facilitar la importación de medios de producción que no se hacen nacionalmente, como un software, o importaciones temporales de equipos o de operarios de esos equipos, ya sea con los aranceles o con los visados, o  facilitar los desembolsos en Colombia de servicios creativos que se comercializan a través de la web.

 

¿Estas políticas pueden desembocar en una suerte de TLC cultural que nos ponga en desventaja frente a los demás países?

No. Esta Ley no tiene nada que ver con los tratados de libre comercio internacionales. Los tratados de libre comercio son  acuerdos bilaterales entre países. Esta Ley, en línea con los compromisos internacionales con la Unesco, lo que se hace es estimular la producción cultural nacional.

 

¿Cómo proteger la diversidad cultural de Colombia frente a otros países ahora que se ha abierto la brecha de competencia?

Proteger la diversidad de expresiones culturales es una de las prioridades del Ministerio de Cultura. Por eso se firmó la convención sobre la protección de estas expresiones con la Unesco. Aunque la competencia siempre ha existido, no va a ser más dura ahora, desde el Ministerio trabajamos para que los contenidos de artistas y gestores tengan espacios de circulación y de fomento dentro y fuera del país. La Ley Naranja no es una norma de apertura al contenido extranjero, todo lo contrario,  es una Ley que promueve la producción y consolidación de la industria nacional.

 

¿Cómo se evitaría la circulación de dinero fiscal excesivo a empresas grandes?

La Ley no crea ningún fondo, por lo que no va a haber flujo de recursos a ningún sector en particular, ni grande ni pequeño, lo que hace es generar mecanismos de fortalecimiento a través de iniciativas como las líneas de financiamiento a capital semilla, los espacios de circulación de contenidos, los créditos blandos. A la larga, gran parte de estas iniciativas apoyan es a los micro y medianos empresarios.

 

¿Cómo evitamos que los pequeños y medianos empresarios no desaparezcan con el tiempo y solo nos queden las grandes corporaciones del entretenimiento?

Lo que se busca desde el Ministerio de Cultura, y que se ratifica con la Ley, es fortalecer el ecosistema cultural en conjunto, primordialmente a los pequeños productores de contenido cultural, no necesariamente los que generan riqueza, los beneficios son iguales para un artista que hasta ahora se está dando a conocer y para un estudio de cinematografía que lleva en el mercado mucho tiempo y que produce largometrajes cada año.

 

¿Habrá algún tipo de soporte desde el Ministerio para las pequeñas empresas que quieran organizarse administrativamente para ser beneficiarios de la Ley?

Los soportes ya existen, lo que vamos a hacer es fortalecer las iniciativas que hemos venido trabajando desde proyectos de consolidación de ecosistemas locales  como el de Nodos de Emprendimiento Cultural, donde hay esquemas de participación, desde las regiones, de los grupos que entran al proceso de formalización. Hay muchas líneas de trabajo creadas desde el Ministerio construidas en este sentido.

¿Cuál va a ser el acompañamiento pedagógico que se prestará en el marco de la Ley y las nuevas políticas?

Este aspecto hace parte también del proceso de reglamentación e implementación de la Ley. Nosotros contribuiremos desde nuestros canales de difusión, articulación, asesoramiento, circulación o de las líneas en general que se trabajan desde el Ministerio de Cultura. Pero aclaramos que son los proponentes quienes deberán ser los que propongan las líneas de aplicación de la Ley.

Paraguay presenta su Plan de Política Nacional de Propiedad Intelectual 2030

 

La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual de Paraguay presentó este lunes el Plan de Política Nacional de Propiedad Intelectual 2030, en presencia del Dr. Francis Gurry, Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), quien visita Paraguay en apoyo a la gestión de la Directora Nacional de DINAPI,  Patricia Stanley.

El documento apunta al fortalecimiento del sistema de Propiedad Intelectual como herramienta para la lucha inteligente contra la pobreza, propiciando así el desarrollo económico, social y cultural del Paraguay.

Durante la presentación del Plan, la Directora Nacional, Patricia Stanley, reafirmó que la Propiedad Intelectual posibilita el desarrollo de los pueblos a través de la innovación en la ciencia y en las artes. Ya que las artes son el alma de un pueblo y que reflejan el sentir y la forma de expresarse de la gente.

“Tener un Plan es definir un camino o una forma de lograr un objetivo, por ello es tan importante contar con un referente a la Propiedad Intelectual, sobre todo en los tiempos que nos toca vivir”, expresó la Dra. Stanley.

El Plan Nacional de Propiedad Intelectual se desarrolla en el marco del Programa de Cooperación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo de las Naciones Unidas, foro mundial que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de Propiedad Intelectual; en Paraguay, a través de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI).

Fue concebido en tres etapas bien definidas de diagnóstico, validación y propuesta; el objetivo del proceso fue presentar el Plan que colabore con el logro de los propósitos que el Paraguay se ha planteado para el año 2030 en su Plan Nacional de Desarrollo.

La elaboración de un diagnóstico de la situación actual, que sirve de antecedente a las propuestas aquí planteadas fue posible gracias a la colaboración activa de DINAPI y numerosas instituciones y representantes del sector público y privado; organizaciones y actores del sector productivo, empresarial, académico, gremial y de servicios, que pusieron a disposición sus experiencias sobre la realidad de la propiedad intelectual en Paraguay.

Esta herramienta de política pública aspira a ser un elemento trascendental para el desarrollo del país, que dinamice el escenario de la Propiedad Intelectual, estimule la innovación y aumente la competitividad.

Contar con un Plan Nacional de Propiedad Intelectual implicará tener un instrumento eficaz de política pública de alcance nacional y abarcadora de todos los sectores que en distintas medidas se relacionan con la vocación de ser un elemento concreto para la consecución de objetivos impostergables.

Además, “ser un país competitivo, ubicado entre los más eficientes productores de alimentos a nivel mundial, con industrias pujantes e innovadoras, que empleen fuerza laboral capacitada, proveedor de productos y servicios con tecnología; con índices de desarrollo social en el rango más alto de Sudamérica; con elevado índices de seguridad jurídica y ciudadana; con un Estado democrático, transparente, y que promueva la igualdad de oportunidades a través de una amplia alianza entre un gobierno abierto, empresas privadas socialmente responsables, y una sociedad civil activa”.

Es importante resaltar que la Constitución Nacional dispone en su artículo 177 que los planes nacionales de desarrollo son indicativos para el sector privado y de cumplimiento obligatorio para el Sector Público, por lo que todos los esfuerzos de ambos sectores deberán estar alineados al cumplimiento de los objetivos trazados en tan importante documento.

En relación a la observancia de los derechos se resaltan los resultados de incautación de mercaderías falsificadas durante el año 2016 que asciende a la suma de veintisiete millones de dólares, sin embargo la coordinación de las tareas es realizada de manera empírica sin responder a una planificación.

Ejes estratégicos 

Conciencia Social de la Propiedad Intelectual como instrumento de Desarrollo; la concienciación en la sociedad sobre la PI como herramienta para el desarrollo debe instalarse en los mismos generadores y creadores de PI.

Uso de la Propiedad Intelectual como herramienta de competitividad; en el marco del desarrollo de habilidades para operar en la economía globalizada del tercer milenio, se exige de Paraguay competitividad en materia de innovación y desarrollo.

Acceso al conocimiento y transferencia de tecnología; se pone énfasis en el procesamiento de la información disponible, y en la internacionalización de los activos intangibles nacionales.

Impulsar Estrategias en materia de PI en temas de interés para el desarrollo Nacional; tener claros los objetivos a los que el Paraguay aspira de aquí al año 2030 constituirá el desafío a la hora de asumir compromisos internacionales.

Optimizar el nivel de cumplimiento de las leyes de Propiedad Intelectual; el principal propósito de este eje es impulsar mecanismos de coordinación contra la transgresión de los derechos.

Aprobado Proyecto de Ley de la Biblioteca Nacional del Perú

 

El Congreso de la República de Perú aprobó por unanimidad, con 102 votos a favor, el proyecto de Ley General de la Biblioteca Nacional del Perú, que tiene como objetivo establecer las normas básicas y los lineamientos generales para el  funcionamiento de la primera  institución cultural del país.

El Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP),  Alejandro Neyra, afirmó que la aprobación del dictamen de Ley General de la BNP permitirá tener un marco normativo moderno, más eficiente, con  metas claras para trabajar un buen plan estratégico con miras al Bicentenario.

Esta Ley nos da la posibilidad de ver a la biblioteca no solo como espacio de conservación  bibliográfica sino  como una red de bibliotecas que permitan poner la cultura y los libros en manos de todos los peruanos” señaló tras agradecer el respaldo del Congreso.

Por su parte, el presidente de la comisión de Cultura, Francesco Petrozzi, sostuvo que a partir de ahora comienza un nuevo mañana para la BNP, porque se va poder modernizar. “Quiero  expresar  que como nobel político,  como artista y  un acérrimo lector estoy muy contento que el pleno del Congreso haya aprobado este proyecto  de ley por unanimidad”.

Esta ley precisa que la BNP es  un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura y es el ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas de conformidad con lo establecido en la Ley 30034.

Establece como funciones esenciales de la Biblioteca Nacional del Perú: Ejercer rectoría nacional, conducir, normar ejecutar, supervisar y evaluar las acciones de defensa, conservación , preservación , identificación , acopio, inventario, sistematización , control, difusión, promoción e investigación  del patrimonio cultural documental –bibliográfico de la Nación.

Asimismo, formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas y planes de desarrollo bibliotecario nacional para la gestión eficiente y eficaz del Sistema Nacional de Bibliotecas.

Definir y emitir normas técnicas bibliotecológicas y estándares de calidad aplicables a todos los sistemas y procesos  de las bibliotecas integrantes del Sistema Nacional de Bibliotecas, que aseguren la mejora en la gestión y su eficaz funcionamiento, entre otras.

De esta manera,  se busca contribuir a desarrollar y consolidar una sociedad democrática, inclusiva, intercultural, competitiva y sostenible.

Además, la norma establece que se encargue a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) la implementación de los regímenes laborales existentes en la Biblioteca Nacional del Perú de acuerdo a sus facultades y la legislación vigente.

La Ley Orgánica de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Venezuela cumple 17 años

 

La Ley Orgánica de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, LOPNA, cumple 17 años desde su creación, que tiene raíces en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989. Con el fin de brindar protección social y jurídica a los niños, niñas y adolescentes de Venezuela, el 1 de abril del año 2000 se creó esta ley, enfocada en resguardar los derechos fundamentales de los más jóvenes.

En el 2007 la ley tomó la la forma de Instituto Autónomo al Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, fortaleciendo el sistema rector nacional con un ente de gestión y con capacidad ejecutora, el IDENA. Esta reforma otorgó nuevos derechos a los niños, como el derecho al buen trato, e introdujo, por primera vez, la palabra amor en un texto legal.

Entre las garantías consagradas están los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la protección en casos de conflictos armados, a la educación, al acceso a la información, a preservar su identidad, al nombre y nacionalidad, a no ser separado de sus padres, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la recreación y la cultura, a la protección y seguridad, a la participación libre y al desarrollo.

La Lopna también promueve la Educación de Niños y Adolescentes Indígenas y obliga al Estado a garantizar a todos los niños y adolescentes indígenas regímenes, planes y programas de educación que promuevan el respeto y la conservación de su propia vida cultural, de su idioma y el acceso a los conocimientos generados por su propio grupo o cultura.

La Unión Europea derriba fronteras

 

 

Por: Angie Lorena García Góngora

“El internet y las nuevas tecnologías están transformando nuestro mundo”, con estas palabras el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Junker, anunció la llegada del acuerdo que regula el Mercado Único Digital Europeo. El acuerdo aún debe ser confirmado formalmente por el Consejo y el Parlamento Europeo.

La necesidad de  crear un mercado común europeo aparece con el aumento del uso de dispositivos móviles, que permiten el acceso a contenidos en línea sin importar la ubicación del usuario. Sin embargo, al estar temporalmente en un país de la Unión europea, el usuario no puede acceder a contenidos en línea adquiridos en su país de origen o solo puede hacerlo de forma limitada, lo que actualmente se llama geo-bloqueo.

La propuesta del Mercado Único Digital Europeo, traza una estrategia que se divide en tres pilares que buscan solucionar el geo-bloqueo y crear un ambiente más amigable para el comercio electrónico, ampliando, también, el acceso a mejores redes de internet.

El primer pilar consiste en facilitar el acceso a los bienes y servicios digitales en toda Europa, implementando un IVA único y reforzando las normas de derecho de autor; normas en materia de contratos, protección al consumidor y comercio electrónico de bienes físicos o contenidos digitales.

La propuesta también incluye la eliminación del geo-bloqueo, al obligar al prestador de servicios a habilitar la portabilidad transfronteriza, a menos de que el servicio se presente de manera gratuita y sin autenticación del Estado de residencia del consumidor.

El segundo pilar consiste en mejorar las condiciones para que las redes y servicios digitales crezcan, para esto se fomenta la creación de incentivos a la inversión en banda ancha de alta velocidad. También se actualizarán las Directivas vigentes en materia de datos personales haciendo que tanto ciudadanos como las empresas tengan el mismo nivel de protección en sus comunicaciones.

Finalmente, el acuerdo pretende impulsar el crecimiento de la economía digital europea, dado que los nuevos servicios se ven obstaculizados por restricciones al almacenamiento o acceso de datos. Debido a esto el reglamento pondrá en marcha una iniciativa que incluya la certificación de los servicios en la nube.

Hasta el momento solo se ha publicado el borrador de la propuesta de la Comisión Europea y el tratamiento de la eliminación del geo-bloqueo, aún no se conocen los procedimientos que se implementarán para la aplicación de los demás pilares.

Esta propuesta representa una gran oportunidad para mejorar la calidad y cobertura de los servicios de internet y para actualizar y armonizar la legislación en torno a la industria digital en Europa.

Michel Temer crea comité para la protección de la primera infancia en Brasil

 

foto por: Mateus André 

Michel Temer, Presidente de la República Federativa del Brasil, ha creado un comité que se encargará de la coordinación de las acciones gubernamentales destinadas a la protección y promoción de los derechos de la primera infancia. Según un Decreto Presidencial publicado en el  Diário Oficial da União del ocho de marzo, la presidencia de Brasil ha creado el Comité Intersectorial de Políticas Públicas para la primera infancia. El comité será responsable de la coordinación de acciones gubernamentales destinadas a proteger y promover los derechos de los niños durante sus primeros años de vida. La secretaría ejecutiva del Comité estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Agrario, que proporcionará apoyo administrativo y pondrá a disposición los recursos necesarios para implementar las actividades.

Además de articular las acciones sectoriales con miras a la atención integral de los niños y niñas en sus primeros años, el Comité hará un seguimiento de la ejecución de políticas para este público; actuando en colaboración con las unidades federativas y municipios para “promover el desarrollo integral, la prevención y la protección contra todas las formas de violencia contra los niños.”

El comité también estará compuesto por representantes de la Casa Civil; los Ministerios de Educación, Cultura, Salud, Planificación, Desarrollo y Gestión y los derechos humanos, además de social y el desarrollo agrícola. También estará compuesto por representantes de la sociedad civil designados por los consejos nacionales de los derechos del niño y del adolescente, Bienestar Social y el Consejo Nacional de Política Cultural.

Equilibrio de intereses: términos de protección de obras y la ley de extensión de Mickey Mouse

 

por: Angie Lorena García Góngora

En el imaginario colectivo existe la idea de que la mayor limitante para la difusión de  creaciones artísticas y culturales es el Derecho de autor. Esta idea, a pesar de ser falsa,   ha ido creciendo con el avance de las nuevas tecnologías y la posibilidad que estas ofrecen a los usuarios para adquirir productos de manera gratuita. De igual manera, esta tendencia ha propiciado que en la mayoría de las ocasiones los usuarios de internet prefieran adquirir contenidos como libros, música y películas de manera ilegal.

No sobre decir que el objetivo de las normas del Derecho de Autor no es imponer restricciones al acceso a las obras. Por el contrario, busca incentivar la producción artística, otorgando al titular la protección de sus derechos morales y el control de la explotación económica de su obra.

El Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas protege las obras durante toda vida del autor y cincuenta años después de su muerte, el tiempo de protección, sin embargo, puede variar según la legislación de cada país. Cumplido dicho plazo de protección, las obras empiezan a formar parte del dominio público, lo que significa que pueden ser utilizadas por cualquier persona sin pagar por los derechos de uso. De esta manera es posible establecer un equilibrio entre los derechos e intereses de los autores y el interés social de crear mayor acceso a los contenidos creados por dichos autores.

Este equilibrio se rompe cada vez que se afirma que las obras deben ser puestas a disposición de todos, libres de cualquier gravamen. A pesar de aumentar el beneficio social de acceso a las obras, esta “libertad” limita el derecho del autor y sus herederos de recibir beneficios de su trabajo. De esta misma forma, el equilibrio se rompe cuando la protección de las obras se extiende en el tiempo, impidiendo que entren al dominio público y generando beneficios económicos únicamente para los herederos del autor y en ciertos casos, para las compañías que tienen titularidad de derechos.

Unas décadas atrás en Estados Unidos se aprobó la Ley de extensión de Derechos de Autor de 1998,  que aumentó el término de protección a la vida del autor y setenta años después de su muerte, este término aplica solo cuando los titulares son personas naturales. Para las obras que tengan autoría “corporativa” el plazo comprende ciento veinte años tras la creación o noventa y cinco tras la publicación según sea el caso.

Esta situación ha sido particularmente polémica dadas las circunstancias políticas y económicas además de los intereses corporativos particulares que influyeron en la promulgación de la normativa, dado que Disney fue una de las empresas que impulsó el proyecto. Hoy en día esta legislación es llamada, de manera peyorativa: la Ley de extensión de Mickey Mouse.

En el caso estadounidense, es evidente  que la extensión del plazo de protección de las  obras bajo el sistema de copyright mantiene las obras fuera del dominio público  con el único objetivo de beneficiar a compañías como Disney, que tienen propiedades increíblemente valiosas como son sus dibujos animados en especial el emblemático ratón Mickey Mouse.

Objetivamente, la extensión del plazo de protección del Derecho de autor no restringe completamente el acceso o la difusión de obras artísticas o literarias. Sin embargo, no se han observado beneficios evidentes de la extensión del plazo de protección, como tampoco ha propiciado una mayor producción de obras artísticas o literarias.

Hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia,  la producción intelectual y creativa del ser humano se ha construido, en su mayor parte, gracias a una constante retroalimentación de las obras existentes. Es en este escenario donde el dominio público cobra importancia, para dar vida a nuevas historias, personajes y melodías  así como para facilitar el acceso al arte por medio de la tecnología.

La protección del derecho de autor no debería extenderse más que en su justa proporción. Lo suficiente para garantizar al titular de los derechos una retribución por su obra sin necesidad de aprisionar las mismas para el beneficio de unos pocos; manteniendo así el equilibrio deseado entre el beneficio social que las obras artísticas y literarias generan y el derecho de los autores a proteger y beneficiarse económicamente de sus obras.

¿Cómo están protegidas las obras indígenas?

 

por: Natalia Tovar Patarroyo

¿Cómo están protegidas las obras indígenas? ¿Cómo proteger, por medio del derecho de autor, los cantos, bailes, artesanías y tejidos que hacen parte de la identidad cultural de las comunidades? En el ámbito internacional no se cuenta con instrumentos claros que permitan establecer la forma en que los pueblos indígenas pueden controlar y conservar sus obras, por esta razón, algunos organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual hacen parte 189 Estados y la Organización de Estados Americanos (OEA) trabajan en el tema actualmente. En el ámbito regional se entiende que los estados latinoamericanos cuentan con normas a nivel interno que protegen las obras de las comunidades indígenas de formas diversas, esta protección depende de la visión que cada Nación tiene sobre su cultura y la diversidad de sus pueblos.

A nivel internacional La Asamblea General de la OMPI aprobó en el año 2000 la creación de un Comité Intergubernamental con el fin de elaborar un instrumento internacional sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore en el que se pretende establecer directrices aplicables a los nuevos conceptos y desarrollos de la actividad intelectual que ya trasciende las dinámicas contempladas en la normatividad internacional vigente.

Todavía no se ha llegado a un acuerdo definitivo, sin embargo, la creación de dicho comité se configura como un avance en la preocupación de proteger y utilizar adecuadamente los derechos de propiedad intelectual en las comunidades indígenas. Por su parte la OEA aprobó en junio del 2016 la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la que se venía trabajando desde 1989. El artículo 28 del documento trata el tema de la protección al patrimonio cultural de la propiedad intelectual que reconoce el carácter colectivo de estos así como la importancia de la participación de los pueblos indígenas en la adopción de medidas que reconozcan y defiendan su patrimonio.

Los países latinoamericanos, por su composición pluricultural y pluriétnica han participado de cerca en los debates internacionales y tienen legislaciones internas que regulan la protección de las obras indígenas en múltiples formas. La ley 23 colombiana sobre derechos de autor de 1982 indica en su artículo 187 que las obras folclóricas y tradicionales de autores desconocidos pertenecen al dominio público, esto es, pueden ser utilizadas libremente. A su vez señala en el artículo 189 que todas las manifestaciones de arte indígena pertenecen al patrimonio cultural, lo cual implica que es el Estado el encargado de protegerlo.

En México, son los estados los encargados de crear las directrices en esta materia. Oaxaca, por ejemplo, cuenta con la “Ley de derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas” de 1998 la cual establece en el artículo 22 que los pueblos tienen derecho al respeto pleno de la propiedad control y protección de su patrimonio cultural e intelectual, esta ley se encuentra a cargo de las instituciones estatales. De la misma forma, la ley contiene una lista abierta que sirve de guía para establecer qué elementos hacen parte del patrimonio, en esta se encuentran las literaturas, diseños y artes visuales y dramáticas, entre otros.

La Ley 530 del patrimonio cultural boliviano, expedida en 2014, cobija a todas las expresiones que representan la identidad del país, han sido transmitidas por generaciones, se han establecido colectivamente y pertenecen no solo a los pueblos indígenas sino también a los campesinos, afrobolivianos y otras comunidades. Los propietarios y custodios de estos bienes (pueden ser las comunidades indígenas originarias, iglesias, universidades, particulares, etc.) tienen la obligación de registrarlos en el Sistema Plurinacional de Registro del Patrimonio Cultural Boliviano, el cual solo es de libre acceso y consulta para fines investigativos o científicos.

Perú, otro país andino con gran diversidad étnica, consagra en la ley 822 de 1996 sobre derecho de autor que las expresiones del folclore entendidas como productos de elementos característicos del patrimonio cultural tradicional creadas por autores desconocidos o que no se identifiquen y que reflejen las expectativas artísticas o literarias tradicionales de una comunidad hacen parte del dominio público. La ley 28296 establece protege el patrimonio cultural de la Nación que tenga un valor arqueológico, arquitectónico, social, histórico, tradicional y religioso. En dicha ley no se hace referencia específica a las obras indígenas por lo que su protección estará condicionada a que cumplan con las características anteriormente expuestas.

En Panamá la Ley 20 del 2000 estableció un régimen que protege la propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas como derechos colectivos que forman parte del patrimonio cultural. Se resalta que estos no pueden ser objeto de registro con fines de exclusividad por parte de terceros no autorizados ante el sistema general de propiedad intelectual y que para su uso y comercialización se deben seguir las normas que cada pueblo determine en su reglamento, el cual será aprobado y registrado en la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial o en la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Sin embargo, la protección de las obras indígenas va más allá de las discusiones teóricas y genera conflictos sociales y económicos. En el 2015 se presentó en México una disputa que involucró a los Mixe (comunidad indígena oaxaqueña), a la diseñadora francesa Isabel Marant y a la empresa Antik Batik. La comunidad indígena denunció a Marant porque su colección primavera-verano 2015 contenía prendas con diseños propios de los Mixe. Los diseños tenían más de 600 años de antigüedad y su uso no había sido autorizado. Los Mixe exigían que se reconociera su patrimonio cultural y se retiraran las prendas del mercado. La boutique Antik Batik entró en escena al demandar a la diseñadora por plagio y reclamar la propiedad del bordado. La disputa se zanjó cuando Marant reconoció el origen de las prendas, las retiró y una corte francesa y declaró que ni Antika Batik ni Marant eran titulares de derecho alguno sobre los diseños objeto de controversia.

Teniendo este caso en mente, es importante distinguir dos tipos de obras, primero, las que tienen una relación directa con la cultura de un pueblo, se originan en su tradición y representan un valor histórico; y por otro lado, las obras que son realizadas por un sujeto como parte de su proceso creativo individual, sea indígena o no. Sobre la protección de estos últimos no hay discusión ni debate alguno pues están amparados por el derecho de autor sin importar las condiciones de su creador.

Es innegable que la protección de las obras indígenas es trascendental para preservar el patrimonio cultural de una nación. En este proceso es fundamental reconocer las condiciones particulares en que las obras fueron creadas y conservadas para poder implementar instrumentos que se adapten a nuevas realidades. En esta materia América Latina ha hecho algunos avances que deben ser evaluados cuidadosamente y tenidos en cuenta en los debates internacionales. Las instituciones, los artistas y la comunidades deben conocer las normas que al respecto existen en su ordenamiento jurídico y contribuir activamente a que el patrimonio cultural de la nación, reflejo de su historia y de sus costumbres, sea conservado y utilizado de forma adecuada.

 

Fuentes

http://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_1/wipo_grtkf_ic_1_3.pdf

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/jun/17/mexican-mixe-blouse-isabel-marant?CMP=share_btn_tw

http://www.efe.com/efe/america/gente/los-indigenas-mixes-defienden-el-valor-intangible-de-sus-bordados-copiados-en-francia/20000014-2779308

http://www.latinpost.com/articles/100430/20151208/isabel-marant-and-antik-batik-lose-case-over-oaxacan-plagiarism-scandal.htm

http://www.efe.com/efe/america/cultura/artista-chamacoco-sienta-precedente-registrando-derechos-de-autor-su-obra/20000009-3002425

http://www.congresooaxaca.gob.mx/61/legislacion/leyes/028.pdf

http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/diversidad.aspx

http://www.wsgipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/bo/bo046es.pdf

http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/leyes_reglamentos/Panama/Ley_20.htm

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/562A9CCF932F0F62052577E300711E65/$FILE/2Ley_28296.pdf