El pasado martes 14 de junio se llevó a cabo el lanzamiento de la nueva Política Pública de Recursos Educativos, una herramienta diseñada por el Ministerio de Educación, con el apoyo del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe de la Unesco (Cerlalc), la cual busca definir los criterios para la adquisición e implementación de los recursos escolares, entendidos ahora no solo como textos físicos.

Como lo expone el Ministerio de Educación en su descripción detallada la política, esta atiende la necesidad del país de coordinar, armonizar y cohesionar la política educativa en torno a las condiciones de acceso y disponibilidad, y a la pertinencia y calidad de los recursos utilizados para fortalecer la enseñanza y enriquecer los aprendizajes de acuerdo con los currículos escolares.

En entrevista con el periódico El Tiempo, la ministra de educación, María Victoria Angulo, afirmó que esta herramienta «es una suma de esfuerzos para ser coherentes con las metas educativas, por lo tanto se abre la puerta a trabajar con otro tipo de recursos educativos dentro y fuera del aula, con materiales digitales y didácticos, donde se recoge la diversidad, se pone el foco en las necesidades y condiciones particulares de cada región.»

De igual forma, Jeimy Hernández, gerente de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Cerlalc, destacó que “no hay ningún país en la región con una política de estas características con una noción amplia de lo que es un recurso educativo. Va a permitir trazar una ruta para cerrar las brechas en materia de acceso a recursos educativos, porque da herramientas para que estos sean llevados a lugares que antes no podían”.

¿Cómo funciona?

El Ministerio establece que los colegios y secretarías de educación deberán garantizar que los recursos sean accesibles para las comunidades educativas dependiendo su contexto.

Para ello, orienta a realizar una identificación de las necesidades e intereses pedagógicos de las comunidades educativas antes de realizar la adquisición de materiales. Así mismo, los docentes deben ser capacitados en el uso de los mismos.

De este modo, la Política Pública de Recursos Educativos funda un dominio de acción estatal que atiende al horizonte de inclusión y equidad, y aporta al cumplimiento del derecho a la educación a través de criterios que aseguran la calidad y pertinencia de los recursos, y de un ciclo de gestión que organiza y articula los niveles territoriales del sistema educativo para garantizar el acceso, la disponibilidad y la oportunidad de los recursos educativos en los establecimientos educativos del territorio colombiano.