Vivo en un país, Brasil, en donde se puede aplicar con frecuencia un viejo dicho popular que afirma que hay leyes que se ejecutan y otras que jamás lo serán. En el lenguaje común, son las “¡leyes que pegan y las que no pegan!”. Considerado “natural” por buena parte de la población, ese lado perverso del “jeitinho brasileiro”[1]demuestra con claridad nuestro profundo atraso en cuestiones fuertemente relacionadas a las cuestiones democráticas, en una sociedad tan autoritaria y desigual como la brasileña.

No puedo afirmar que una visión tan limitada como esta, que no comprende el concepto y la utilidad de las leyes en una sociedad compleja, sea común a los países de nuestra región. No tengo conocimiento suficiente del conjunto de los países para cuestionar una visión de mundo que se asemeje a la brasileña, pero gracias a los muchos años que tengo como “viajero” por América Latina, y habiendo debatido en muchos y diversos foros nacionales e internacionales en los últimos 35 años, me atrevo a afirmar que las cuestiones que implican la lucha por legislaciones a favor del libro, la lectura, la literatura y las bibliotecas son algo aún distante para la mayoría de los militantes del sector.

En las diversas ocasiones en que debatí estas cuestiones, quienes las traían a la luz siempre eran profesionales con experiencia en organizaciones de cooperación internacional, como el Cerlalc, o agentes públicos interesados en conseguir alguna durabilidad temporal de los programas de promoción del libro y de la lectura en curso, en la coyuntura en la que actuaban. O incluso, por representantes de la economía del libro, empresarios del sector interesados en una legislación protectora, de preferencia que rebajara sus impuestos y tasas. De hecho, y haciendo ahora una retrospectiva, no recuerdo que el asunto “legislación” haya sido pauta de los muchos y muchos encuentros que tuve con la militancia, que conforma la formación lectora en toda Latinoamérica.

Los fomentadores y mediadores de la lectura piensan en todo, pero creo que no consideran con la debida importancia el hecho de que exista o no una ley que reglamente las cuestiones vinculadas a la lectura. Preocupados con sus acciones y programas, con el espíritu emprendedor nato y las enormes dificultades que acompañan las iniciativas que llevan a cabo en la base de la pirámide social, en las escuelas, en las asociaciones de barrio, en las periferias, en los campos y lugares casi inaccesibles, esos liderazgos consideran, en general, que la legislación no es esencial.

Evidentemente estoy generalizando y siempre será posible encontrar en la militancia por la lectura a aquellos que conocen la importancia y defienden la lucha por la creación y perfeccionamiento de leyes para el sector. Pero me atrevo a afirmar que la mayoría de los liderazgos no considera central ese reto y muchos incluso lo desconocen. Tanto se presenta esto como verdad, que una de las preguntas que más me hacen es: “¿para qué sirven las leyes del libro y la lectura?”. Con cierta frecuencia, esa pregunta se completa con una afirmación: “Necesitamos recursos y reconocimiento del trabajo que hacemos, no leyes”.

Con todo el respeto por los resultados que los trabajos de formación de lectores presentan con mucha constancia en toda América Latina, estoy en firme desacuerdo con el menosprecio que hemos demostrado frente a las leyes para el sector y su defensa como estrategia fundamental para que obtengamos políticas públicas de libro, lectura, literatura y bibliotecas en nuestros países.

La lucha por la conquista de legislaciones que obliguen al poder público a tener políticas públicas de lectura oficialmente instituidas, con directrices democráticas e incluyentes y recursos destinados a su ejecución, es una estrategia cada vez más necesaria en un escenario político e institucional muy variable, a veces incierto, en donde conceptos como el de “posverdad” surgen para contradecir la nítida verdad de los hechos que están frente a nuestros ojos, nuestra razón y nuestra sensibilidad. Al fin y al cabo, mis estimados amigos, los gobiernos realmente hacen las políticas públicas cuando promulgan marcos legales (leyes, decretos, resoluciones) y le aplican recursos a esa política. Sin esos dos requisitos, lo que tendremos es la retórica y discursos vacíos de los gobernantes.

Defender nuestros derechos democráticos como ciudadanos, y defender el derecho a la lectura como un derecho humano para todos, es un asunto demasiado serio y estratégicamente fundamental para la formación integral de las personas y para nuestro desarrollo sostenible. Por eso, no puede quedar a la deriva de las voluntades e idiosincrasias de los gobernantes y liderazgos presentes o futuros. Es necesario imponer esa voluntad de la mayoría, de ejercer sus habilidades y sensibilidades en la lectura, en textos de leyes perennes, orientadoras de las directrices públicas de toda la cadena creativa, productiva, distributiva y mediadora de la lectura, haciendo real o posible en determinado plazo la política de lectura en los países de la región.

Para nuestros países, en los que los niveles de lectura y de formación de lectores son inadmisibles y es necesario avanzar mucho, obtener legislación adecuada y generosa para ampliar el acceso al libro y a la lectura, formar mediadores y apoyar la economía del libro se tornan medidas urgentes provenientes de la buena aceptación que todos los países tuvieron de la aplicación de los primeros Planes Nacionales de Lectura, desde el año 2006.

Exitosos en su corta duración hasta ahora, algunos avanzando, otros naufragando, los Planes Nacionales de Lectura mostraron con claridad que, antes que nada, necesitamos un buen tiempo para alcanzar de hecho un avance significativo en el índice de lectura y de alfabetización en nuestros países. Necesitamos tiempo y trabajos coherentes de formación lectora, que pasarán por generaciones hasta que nos consideremos países lectores, en donde el derecho a la lectura sea ejercido plenamente y fomentado por el poder público.

¿Cómo avanzar ese tiempo en una sociedad movida por intereses profundos si no tenemos un marco legal, una letra marcada en nuestras legislaciones, que nos garantice luchar como ciudadanos por el derecho a la lectura?

No debemos tergiversar lo que es fundamental para nuestra sociedad y para nuestra permanencia como seres humanos que buscan la equidad. No olvidemos que cuando se trata de derechos humanos, aquellos que están contra ellos siempre evitarán los compromisos en relación a su ejercicio efectivo. Y nuestro compromiso debe quedar bien grabado, permanentemente, en una legislación clara y objetiva, que delimite y establezca los caminos de acción de la lectura del Estado.

La respuesta a la pregunta que titula este artículo es simple y directa: necesitamos leyes que instituyan y defiendan el derecho a la lectura y todos los vínculos de ese sector de la cultura, ya que implican un compromiso, un pacto social realizado por la mayoría de la sociedad que entiende la importancia estratégica de la lectura para el desarrollo sostenible de nuestras naciones.

La lucha por estas leyes, junto con la lucha por la implantación de las que ya fueron promulgadas, debe ser parte efectiva de nuestras reivindicaciones frente a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en nuestros países. Incorporar las banderas de marcos legales para el libro, la lectura, la literatura y las bibliotecas con la finalidad de fomentar políticas públicas de inclusión es un asunto urgente y forjará una legitimidad aún mayor a nuestros movimientos cotidianos, para formar lectores y ciudadanos.

[1] La expresión “jeitinho brasileiro” no tiene una traducción literal en español, aunque “jeito” significa habilidad, destreza o forma de ser. “Jeitinho brasileiro” se usa para expresar una manera “especial” de resolver una situación difícil o adversa a los objetivos de un individuo; puede ser vista como una manera creativa, astuta o propia de alguien con habilidades, pero también es vista como una manera poco ortodoxa o legal de resolver el problema.