Por: Natalia Tovar Patarroyo
El 27 de abril se aprobó en el congreso colombiano, la Ley “Por medio de la cual se fomenta la economía creativa, Ley Naranja” presentada por el senador Iván Duque con la que se pretende establecer un marco general para incentivar y proteger las industrias creativas, esto es, todas las actividades que generan valor en virtud de la propiedad intelectual.

Ésta aplica conceptos del libro publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo “Economía naranja, una oportunidad infinita” escrito por citado senador y Felipe Buitrago, quienes se apoyan en una serie de datos y estudios para estimular el debate en América Latina y el Caribe sobre la contribución de la creatividad como un elemento integral del desarrollo económico y social.

La Ley sienta las bases para implementar una política pública en Colombia que reconozca la importancia del sector en la economía, la producción de conocimiento y el desarrollo cultural. Es un primer acercamiento para pasar del debate a la acción y pone en la agenda la necesidad de impulsar herramientas efectivas para apoyar a los creadores.

Dentro de las disposiciones contempladas en la iniciativa se incluye la promoción de las disciplinas culturales y creativas en los colegios, de la mano del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y los Ministerios de Educación y de Cultura. Esta es una de las mejores estrategias para luchar contra el desconocimiento general sobre las industrias creativas; las personas producen y usan cientos de obras sin percatarse de su valor, por lo que sensibilizar a los niños sobre estas materias no sería un avance menor.

Como parte de las estrategias de gestión política se incorporó un elemento denominado “inclusión” que invita a fortalecer los espacios de circulación independiente en un plano de igualdad.

Con este fin se impulsarán la televisión y radio pública y comunitaria, las librerías, espacios de circulación de música en vivo y artes escénicas y en general todos los mecanismos que beneficien el consumo de contenidos locales y nacionales. Si bien no se detalla la forma en que se brindará tal apoyo, el reconocimiento del compromiso que el Estado tiene con la industria independiente es un paso en la dirección correcta.

La norma también señala que los entes territoriales –departamentos y municipios- podrían acceder a líneas de crédito para la construcción de infraestructura como museos, teatros o centros culturales que contribuya al fortalecimiento del sector. Los nuevos escenarios se requieren con urgencia.

Bogotá, por ejemplo, la ciudad que mas eventos culturas acoge al año, no cuenta con los suficientes espacios propicios y las iniciativas para su construcción se han truncado o retrasado por diversas razones; la ejecución del proyecto nueva Cinemateca – Centro Cultural de las Artes Fílmicas estuvo en entre dicho por un tiempo y fue necesaria la presión de la ciudadanía para que el Distrito se pronunciara sobre su construcción. La situación en otros municipios es mucho más preocupante; faltan teatros, bibliotecas; los centros culturales son pocos y están desfinanciados.

Asimismo, la Cuenta Satélite de Cultura del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se amplía para ser la Cuenta Satélite De Cultura y Economía Naranja. Ya no solo realizaría una valoración económica de los productos y las actividades relacionadas con el campo cultural, sino que también se incluirán las mediciones correspondientes en las industrias creativas. Estos datos serían útiles para evaluar el impacto de las políticas en el sector y optimizar la toma de decisiones públicas y privadas.

La propuesta para otorgar zonas francas temporales en desarrollo de actividades como festivales y carnavales no tuvo éxito en el último debate. En cambio, se optó por otorgar incentivos que faciliten el tránsito internacional de personas y mercancías, las agremiaciones dentro del sector y la adecuada administración de las sociedades de gestión colectiva, entre otras. En este punto tampoco se concretan las medidas que tales incentivos contemplan.

Todas estas iniciativas podrían quedarse en el papel y no pasar a la práctica. Hay buenas ideas, pero no claridad sobre la forma en que se llevarán a cabo ya que la Ley no establece mecanismos de acción. Le corresponde al gobierno, a través de decretos, implementar todas las disposiciones contempladas en la norma y debido a que el congreso no señaló un límite temporal –como lo ha hecho en otras leyes- para que se desarrollen estas políticas, el proceso podría llevar más tiempo del esperado.

Por otro lado, los lineamientos planteados son tan generales que la efectividad de la iniciativa estará condicionada en gran medida a la voluntad política del ejecutivo. Entonces surge la pregunta habitual, ¿habrá un aumento real en el flujo de recursos para el sector? Los últimos Planes Nacionales de Desarrollo han resaltado la importancia de los temas culturales y creativos pero el Presupuesto General de la Nación para el 2016 redujo el monto de las partidas en estas materias, el Ministerio de Cultura por ejemplo, vio disminuido su presupuesto en un 14,2 %

Sin ir más lejos, se esperaría el establecimiento de un plan para que las librerías, como uno de los actores imprescindibles para fomentar la circulación de obras independientes, contaran con apoyos o estímulos económicos que fortalecieran su labor.

La falta de inversión es solo una de las señales de que el país todavía no tiene una política pública efectiva, no hay justificación alguna para seguir dilatando su consolidación. Es tarea de todos participar y estar al tanto del proceso.