Con más del 77% de votos a favor el congreso español aprobó el Real Decreto 12/2017 que implementa un modelo de compensación por copia privada ajustado los lineamientos de la Unión Europea. Éste, reemplaza la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado, establecida en 2012 y anulado por el Tribunal Supremo en noviembre del año pasado.

A partir de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, que modifican el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, los responsables del pago de dicha compensación serán los productores y distribuidores de dispositivos y soportes que puedan ser utilizados para realizar copias privadas. En la práctica, España retoma el modelo existente antes de 2012, que aplica en todos los países la Unión Europea –con excepción de Finlandia-.

El gobierno estableció en el Decreto unos valores transitorios que entrarán a regir a comienzos de agosto. El monto definitivo a pagar y la lista específica de los equipos, aparatos y soportes afectados, serán fijados en máximo un año con la participación de representantes de los sectores involucrados y de conformidad con la propuesta que presenten los Ministerios de educación, cultura y deporte, y de energía, turismo y agenda digital.

La determinación de los valores se hará observando criterios objetivos como la capacidad de almacenamiento de los dispositivos, la relevancia de sus funciones de reproducción frente al resto de sus características, el impacto que la copia privada tiene sobre la venta de ejemplares originales, el carácter digital o analógico de la reproducción y las cifras de compensación en otros países de la Unión Europea.